La entrada al sistema de dependencia de los dependientes más leves, el pasado mes de julio, ha incrementado la demanda de valoraciones en un 20%, explica el Departamento de Servicios Sociales que también achaca el retraso a cambios organizativos internos. Desde el pasado mes de agosto, 4.880 personas en Gipuzkoa han solicitado una valoración de dependencia. De ellas, 3.366 habían sido atendidas a fecha del pasado 6 de febrero. O lo que es lo mismo, 1.524 siguen sin recibir la llamada de los servicios sociales forales, una tercera parte de las peticiones recibidas en el segundo semestre de 2015. A 31 de diciembre, la lista de espera era más abultada, 1.949 personas.
Con un expediente impecable en Gipuzkoa, el desarrollo y la tramitación de la Ley de Dependencia se encuentra con una de sus pocas manchas, aunque el problema «está en vías de solución», aseguran desde la entidad foral. El territorio ha destacado no solo por ser escrupuloso con la normativa sino por caracterizarse como uno de los más avanzados, a gran distancia de otros territorios y comunidades autónomas, donde el cumplimiento de la ley, plagado de recortes, deja mucho que desear.
El requisito de la valoración es fundamental para poder optar a la prestación económica, porque primero se necesita ser reconocido como dependiente. Un equipo de trabajadores sociales se encarga de visitar a las personas solicitantes y, a través de un baremo consensuado, evalúa su grado de dependencia. Luego tiene que llegar la resolución del expediente, que determina si la persona es dependiente y en qué grado. El cobro de la ayuda tiene carácter retroactivo, es decir, se le abonan las mensualidades pendientes desde que se solicita la ayuda, independientemente del tiempo que haya pasado entre medias.
El incremento de 2.000 personas con derecho a una prestación ha causado problemas a los servicios de atención de la Diputación, tal y como ya reconocieron desde la institución foral el pasado verano, cuando Gipuzkoa superó la barrera de los 27.000 dependientes. Según los últimos datos, 27.315 personas están cobrando una ayuda, que oscila entre los 180 euros (los casos más leves) a los 833 (los grandes dependientes). El aumento de la demanda no es la única razón. La Diputación también admite que varios cambios organizativos han ralentizado el funcionamiento habitual del sistema de valoraciones. Según explican en una respuesta al grupo EH Bildu, en el segundo semestre de 2015 se unificaron en un solo contrato los servicios de asistencia para obtener información para las valoraciones, y además se reasignaron las funciones del personal técnico de la sección, que verifica y supervisa un mismo expediente. «Esto ha supuesto una importante dedicación del personal a actividades de formación», detallan. En paralelo al cambio organización también se necesitó adaptar los sistemas informáticos, «lo que ha supuesto las lógicas molestias derivadas de las migraciones de versiones...».
Desde noviembre, además, ha entrado en servicio en Donostia (para la mitad del municipio, lo que supone el 15% del total de valoraciones) un nuevo sistema telemático para obtener los informes de salud necesarios para llevar a cabo la evaluación de la dependencia. Así, los médicos de Osakidetza remiten directamente desde su propio sistema informático la documentación. «Esta implantación parcial está provocando importantes retrasos en la cumplimentación de dichos informes, y por ende, en los plazos de valoración», reconoce la Diputación, que confía, sin embargo, en que una vez superadas estas dificultades «el nuevo sistema redunde en una considerable mejora del servicio».
La situación, en resumen, «es transitoria» y se debe a «motivos coyunturales», afirman desde Servicios Sociales. La Diputación cuenta con que se recupere la normalidad «en las próximas semanas».