El consejo de gobierno foral ha aprobado este martes una inversión de 52 millones de euros para atender a personas mayores dependientes en centros de día y residencias. En concreto, la Diputación ha aprobado el modelo de contrato-programa entre el departamento de Políticas Sociales y las entidades colaboradoras, para la provisión de diversos servicios para personas mayores dependientes y personas con trastorno mental durante 2017, con una inversión total de más de 52 millones de euros -52.046.479,10 euros-, ha indicado la institución foral en una nota de prensa. A través de la decisión adoptada, en colaboración con estas entidades, la Diputación dará soporte a 2.942 plazas destinadas a prevenir y atender las necesidades derivadas de la dependencia, concretamente a aquellas cuyos contratos finalizaban en diciembre de 2016.
Según ha ha explicado el portavoz foral Imanol Lasa, esta plazas se dividen en distintos recursos: centros de día para personas mayores, en días laborables -468 plazas- y fines de semana y festivos -222 plazas-; residencias, con plazas permanentes convencionales -2.029- y plazas permanentes de unidad psicogeriátrica -115-; residencia para personas con discapacidad -6-; residencias para personas con trastorno mental severo -34-; y unidad residencial sociosanitaria -68-.
La inversión aprobada hoy se divide de la siguiente manera: 36.656.249,47 euros destinados a residencias -14.557.801,05 a Ayuntamientos, 15.706.588,18 al tercer sector y 6.391.890,64 a centros privados-; 2.563.369,33 a unidades psicogeriátricas -1.395.351,91 a Ayuntamientos, 671.496,06 al tecer sector y 496,521,36 a centros privados; 6.237.440,94 a centros de día -4.539.229,52 a ayuntamientos, 587.843,50 al tercer sector, y 1.110.367,92 a centros privados-; 2.664.483,43 a Kabia; 2.469.389 a la asistencia sociosanitaria; 228.463,26 a la discapacidad, y 1.227.053,27 a la atención a personas con enfermedad mental.
Lasa ha destacado el valor de la concertación entre instituciones, tercer sector y sector privado, que constituye “la base sobre la que se asienta el modelo de atención social de Gipuzkoa, que garantiza un servicio integral, de calidad, personalizado y continuado, adaptado a las necesidades específicas de apoyo de cada persona, independientemente de sus recursos”.
Todas las entidades colaboradoras se comprometen formalmente a implantar durante el periodo de vigencia del contrato-programa un Plan de mejora de la calidad dirigido a la optimización de la vida en el centro, una vez realizada la evaluación pertinente, contemplando, entre otros aspectos, la atención personal, el confort, el funcionamiento del centro, la relación con el exterior, la vida en el centro y, en general, “todos los aspectos que redunden en la calidad de vida de los usuarios y usuarias”.
Cualificación
Lasa ha valorado la “cualificación” profesional de los centros, que integran a técnicos y especialistas de distintos ámbitos como la geriatría, el trabajo social, la enfermería, la psicología, monitores/as ocupacionales, medicina, psiquiatría y fisioterapia. Ha añadido que una de las bases es garantizar e impulsar el contacto entre personas usuarias y familiares y su participación, y que, en el caso de los centros de día, “estamos ante un recurso importantísimo para fomentar la autonomía personal de nuestros mayores”.
El contrato-programa aprobado hoy se enmarca en la hoja de ruta de la Diputación para paliar el progresivo envejecimiento de la sociedad, “seguramente uno de los mayores retos que tenemos como sociedad”. Para ello, el ente foral prevé implementar 300 nuevas plazas en centros residenciales y diurnos del Territorio de aquí a final de legislatura, especialmente en Oarsoaldea y Buruntzaldea, donde existe una mayor necesidad, garantizando el equilibrio territorial.
A todas estas infraestructuras hay que sumar el sistema de ayudas, ya que en Gipuzkoa hay más de 14.000 familias que reciben una prestación de dependencia, siendo el territorio referente a nivel autonómico y estatal en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, al incluir desde 2015 a las personas con grado de discapacidad leve. “Lo sufragamos con nuestros recursos en un 90%, por lo que pedimos a Madrid que cumpla con lo pactado a nivel de financiación”, ha reclamado Lasa. En conjunto, la Diputación destina a la atención de las personas mayores en torno a 120 millones de euros, lo que supone un 33% del presupuesto total del departamento de Política Social.